Estado actual del pago por servicios ambientales en el Estado de Quintana Roo: experiencia en el Ejido San Marcos, municipio de José María Morelos.

Abstract

La lógica de recompensar o compensar a los propietarios de tierras por los servicios ambientales supuestos o reales que proporcionan, no es una novedad. El principal productor agrícola del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, inició vastos programas de conservación del suelo justo después del famoso tazón de polvo (“dust bowl”, en inglés) de 1934, cuando la sequía y la erosión del viento afectaron grandes regiones del país.

Desde entonces, los programas para conservación de suelo y agua en los EE.UU. se han perpetuado más o menos hasta la actualidad, con asignaciones presupuestales ligadas más a la situación económica del sector agrícola que a los servicios ambientales específicos (Petersen, 2005). Se da pie al tema de pago por servicios agro-ambientales y ambientales y se ingresó el tema a la política para recibir incentivos por prácticas del uso de suelos benéficas.

En el año de 1972, durante la Declaración de Estocolmo, se introdujo por primera vez el tema ambiental a la agenda política mundial, que reconocen el papel de los ecosistemas para la vida. El objetivo fue establecer una alianza de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten losintereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra.