Auditaría realizada a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo en materia de manejo integral de residuos.

Abstract

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se considera residuo a cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021) Bajo esta concepción, se definen tres clasificaciones de residuos, los cuales se pueden identificar por su origen de generación y a su vez ser vinculados con el nivel de autoridad encargada de su regulación. Es así que se establece en primera instancia los Residuos peligrosos, responsabilidad de la Federación, siendo éstos, aquellos que posean características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representen un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente. Por su parte el marco normativo del Estado de Quintana Roo, define las dos clasificaciones restantes de Residuos; los Residuos de Manejo Especial, integrados por aquellos desechos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; y los Residuos Sólidos Urbanos, siendo los productos resultantes de la eliminación de los materiales que utilizamos en actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. (Periódico Oficial del Estado, 2018).